Los diputados Pichetto y Massot pidieron a la Justicia que suspenda el artículo del DNU 70/2023 que eliminó los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros. El CECIM La Plata y las dos CTA convocan a protestar el martes 6 a las 15 a Plaza Lavalle.
Después del fallo de la Corte Suprema que volvió a poner en vigencia la derogación de la Ley de Tierras, el rechazo se movió en dos direcciones. Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023.
Además, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma confirmaron una movilización al Palacio de Tribunales para el martes 6 de octubre a las 15, en Plaza Lavalle (Talcahuano 550), con la consigna “La Patria no se vende. La soberanía tampoco”.
Pichetto y Massot presentaron la cautelar contra el Poder Ejecutivo por derecho propio y en su condición de ciudadanos y habitantes de la Nación. El objetivo es evitar que las compras de tierras rurales que se hagan mientras no rigen los límites de la Ley 26.737 se consoliden después como derechos adquiridos. El escrito advierte que, aun si el Congreso rechazara el DNU o si una ley repusiera las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas mientras tanto podrían quedar a salvo.
En los fundamentos, los legisladores sostienen que la derogación por decreto no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para dictar un DNU. Señalan que el Congreso estaba en condiciones de funcionar, que el propio Ejecutivo le remitió el decreto apenas seis días después de dictarlo y que el Senado lo rechazó en marzo de 2024. También afirman que la tierra rural y los cuerpos de agua son recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, y que el régimen para disponer de ellos debe fijarlo el Congreso. Por la urgencia, pidieron una medida interina de aplicación inmediata mientras se tramita el informe previo que la Justicia debe pedir antes de resolver la cautelar. En subsidio, solicitaron medidas para preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, conservar la información sobre las compras hechas por extranjeros y dar publicidad a la existencia del proceso judicial.
El fallo que originó ambas reacciones es del 29 de septiembre y lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional el artículo 154 a pedido del CECIM, y rechazó la demanda.
La Corte no dijo si el DNU es constitucional. Resolvió por una cuestión procesal: sostuvo que los excombatientes no tenían legitimación para promover una acción colectiva, porque “la soberanía territorial es una atribución propia del Estado” y no un bien colectivo que una asociación civil pueda defender en tribunales. El tribunal aclaró además que no se pronunciaba sobre la validez constitucional del artículo ni sobre la intervención que le corresponde al Congreso.
Ese argumento es el que más críticas recibió entre los convocantes a la marcha. “Al decir que la soberanía no es un derecho que los ciudadanos o sus organizaciones puedan defender en la Justicia, los jueces le firmaron un cheque en blanco al Gobierno”, señalaron las organizaciones. Para las centrales que conducen Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, la Corte “con su actitud cipaya, elige atropellar la voluntad y las necesidades de los argentinos”. En el comunicado agregaron que “al dejar sin efecto los límites de la Ley de Tierras, le abren la puerta a los grandes fondos extranjeros”. A la convocatoria adhieren también ATE, la UTEP y otras organizaciones sociales y políticas.
La Ley de Tierras, sancionada en 2011, ponía un tope del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. Además, limitaba al 30% de ese cupo lo que podían tener personas de una misma nacionalidad, fijaba un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y prohibía a los extranjeros comprar inmuebles que contuvieran cuerpos de agua de envergadura y permanentes o que fueran ribereños de ellos.
El DNU de Javier Milei eliminó todas esas restricciones en diciembre de 2023. Con el fallo de la Corte, la derogación volvió a producir plenamente sus efectos.
La pulseada tiene otra fecha en el Congreso. El jueves 15, a las 14, Unión por la Patria y otros bloques pidieron una sesión especial en Diputados para intentar rechazar el DNU 70/2023. Para abrirla se necesitan 129 diputados sentados. Si las dos cámaras rechazan el decreto, queda derogado. Los otros caminos son una nueva ley que reponga los límites o que cada provincia legisle sobre sus tierras rurales.
La jugada de Pichetto y Massot, sin embargo, tiene también una subtrama: los legisladores no quieren voltear el DNU porque allí también se deroga la ley de alquileres -entre otras normas- que no quieren que se restituya. Si la cautelar tiene efecto, podría desinflar la jugada opositora en Diputados para el 15 de octubre.
Fuente: Agencia DIB
