
La decisión impacta en el sector automotor, especialmente en los desarmaderos y comercios de autopartes usadas, que deberán adaptarse a los nuevos procedimientos digitales.
Se abre un nuevo foco de conflicto con los sindicatos. Abarca un universo de 14 millones de trabajadores.
20/02/2024El Gobierno confirmó que en las próximas horas reglamentará el decreto que establece la libertad de elección de obras sociales desde el comienzo de una relación laboral.
“Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social o prepaga que elijan desde el inicio de la contratación”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni en su habitual conferencia en Casa Rosada.
El portavoz presidencial destacó que “durante décadas esto no pudo ser así” y celebró que esta medida le dé “mucha más libertad” a los trabajadores.
Así, la desregulación de las obras sociales introducirá varios cambios sustanciales para el sector de la Salud y también de las obras sociales de los sindicatos sindicatos.
Es que, una vez publicado el decreto, se eliminaría la intermediación de las obras sociales y el trabajador podría derivar los aportes directamente a las empresas de medicina prepaga.
Así, las personas ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo.
Además, podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral.
Asimismo, el borrador de la norma que trascendió este fin de semana podría abrir un escenario de conflicto con las prepagas, que si bien se ven beneficiadas por la medida, se verían obligadas a aportar un 20% de las cuotas que cobran a sus clientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que financia el funcionamiento del sistema.
Hasta ahora el FSR solo se nutría del 15% de los aportes y contribuciones que trabajadores y empleadores a las obras sociales sindicales, recursos que administra la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y que se destinan principalmente al financiamiento de los tratamientos de alta complejidad, medicamentos de alto costo y servicios para discapacitados.
La decisión impacta en el sector automotor, especialmente en los desarmaderos y comercios de autopartes usadas, que deberán adaptarse a los nuevos procedimientos digitales.
Así lo resolvió la jueza Loretta Preska, de Nueva York. Es por la demanda iniciada contra una decisión del Gobierno en 2015.
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