
La decisión impacta en el sector automotor, especialmente en los desarmaderos y comercios de autopartes usadas, que deberán adaptarse a los nuevos procedimientos digitales.
Confederación Argentina de la Mediana Empresa
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) junto a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) manifiestan la necesidad de que las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los municipios adhieran al régimen de regularización de activos –conocido como blanqueo– para garantizar la efectividad de la medida.
La suscripción de los diferentes gobiernos es crucial para extender los efectos del régimen de regularización de activos a los tributos subnacionales. La implementación de normas extraordinarias a nivel nacional necesita el acompañamiento de la legislación local para complementar y coadyuvar a la decisión del contribuyente. La aceptación de esta invitación es fundamental para estimular a los contribuyentes a normalizar sus tenencias y bienes.
Desde CAME y FACPCE se advierte que, sin la adhesión referida, los contribuyentes que ingresen al régimen podrían quedar expuestos a determinaciones de oficio por el impuesto sobre los Ingresos Brutos provinciales o tasas de seguridad e higiene, comercio o industria municipales.
Cabe destacar que en blanqueos anteriores la mayoría de las jurisdicciones locales acompañaron de manera sincronizada a la ley nacional. Algunas provincias se incorporaron, mientras que otras aplicaron un impuesto especial a los contribuyentes que blanquearon, al tener en cuenta la existencia de ingresos no declarados. Este acompañamiento requiere de la aprobación legislativa en cada jurisdicción. Cuanto antes se materialice, mayor incentivo generará en los contribuyentes.
La decisión impacta en el sector automotor, especialmente en los desarmaderos y comercios de autopartes usadas, que deberán adaptarse a los nuevos procedimientos digitales.
Desregulan aún más el servicio postal para que particulares puedan brindar el servicio
Así lo resolvió la jueza Loretta Preska, de Nueva York. Es por la demanda iniciada contra una decisión del Gobierno en 2015.
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Emplazaron a dar dictamen al proyecto de emergencia pediátrica y financiamiento universitario. También buscan reformar el régimen de DNU. Después, toido degeneró en una pelea abierta, con Espert y las detenciones por el escrache a su casa en el centro del debate.
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