La Procuraduría de Investigaciones Administrativas consideró “prematuro” el sobreseimiento del Presidente, su hermana Karina y otros nueve imputados. Advirtió que faltan peritajes sobre teléfonos y movimientos de criptomonedas.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, solicitó que se deje sin efecto el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros nueve imputados en la causa $LIBRA, al considerar que la investigación fue cerrada de manera prematura y que todavía existen numerosas medidas de prueba pendientes.
El organismo especializado en hechos de corrupción asumió el ejercicio de la acción penal y presentó, además, un recurso de apelación en subsidio para que intervenga la Cámara Federal si la Justicia rechaza su pedido de reapertura.
La presentación, firmada el 29 de octubre, cuestiona la resolución dictada el viernes 23 por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había dispuesto el sobreseimiento de los once investigados a pedido del fiscal Eduardo Taiano, bajo el argumento de que los hechos denunciados no constituían delito.
Para la PIA, en cambio, los elementos reunidos hasta el momento no permiten descartar la existencia de una maniobra defraudatoria. El organismo sostiene que la causa todavía se encuentra en una etapa de recolección de pruebas y que no corresponde disponer un cierre definitivo cuando quedan aspectos centrales sin esclarecer.
“En consideración de esta Procuraduría, de las propias constancias analizadas por el magistrado interviniente respecto de la solicitud de sobreseimiento por parte del fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N° 8, surge que la evidencia recolectada en el expediente requiere la profundización de la investigación de la prueba obtenida”, señala el escrito.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a los estudios sobre las operaciones con criptomonedas. Según la presentación, algunas tareas de trazabilidad financiera no pudieron completarse porque una dependencia del Ministerio Público Fiscal carecía de las licencias necesarias para utilizar determinadas herramientas informáticas. La PIA advirtió que la resolución judicial no explica si se buscaron alternativas para continuar esos análisis.
También cuestionó que se haya considerado agotada la cooperación internacional después de que las autoridades de Estados Unidos rechazaran un pedido de asistencia por entender que la información aportada era insuficiente para establecer una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros solicitados.
Para Rodríguez, esa respuesta no constituye un impedimento definitivo, ya que todavía podrían obtenerse nuevos elementos mediante los peritajes pendientes, entre ellos los análisis forenses de teléfonos celulares.
La presentación dedica especial atención a una serie de hechos que, según la Procuraduría, podrían constituir indicios de maniobras de ocultamiento y que no fueron suficientemente valorados antes de disponer los sobreseimientos.
Entre ellos menciona el vaciamiento de cajas de seguridad por parte de Mauricio Novelli y su familia, la eliminación de conversaciones con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP” en el teléfono de Novelli y la ausencia del historial previo de WhatsApp en el dispositivo secuestrado a Sergio Morales.
También reclama profundizar el análisis de un archivo encontrado en el teléfono de Novelli que contenía una carta de intención de Kelsier, la firma representada por el empresario estadounidense Hayden Davis, dirigida al Presidente. En ese documento, que carecía de firmas, se ofrecía asesoramiento gratuito en materia de blockchain y criptomonedas.
Fuente: Agencia DIB
