
Fueron otorgadas por incapacidad laboral. El gobierno dice que son truchas.
La Secretaría de Energía quitó los precios máximos de referencia y lo reemplazó únicamente por "precios de referencia" sin tope. Buscan “favorecer la competitividad”.
NOTICIAS19/08/2024La Secretaría de Energía desreguló el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) con el objetivo de promover la “competitividad de la oferta y la demanda y alentar su expansión” y propender de que el precio al consumidor final sea el resultante de los “reales costos económicos”. Esta medida, impacta en alrededor del 43% de la población argentina que utiliza gas envasado en garrafas para cocinar o calefaccionarse.
De esta manera, a fin de desregular los precios del sistema, el Gobierno decidió elimina los “Precios Máximos de Referencia” para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas y estableció únicamente “precios de referencia”, sin un tope “que obstaculice la cobertura real de la variación experimentada en los costos”.
El objetivo de la medida, es “dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme los principios de libertad de mercado” y esta decisión “producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión produciendo una mejora progresiva en cuanto a una amplia competencia logrando elevar al mercado de GLP local a estándares internacionales”.
Según detalló la Resolución 216/2024 publicada este lunes en el Boletín Oficial, las normas que se regulen sobre el GLP deben propender a la competencia, “la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente de recursos, la seguridad pública y la preservación del medio ambiente”.
GLP: cuánto costará la garrafa a partir de este decreto
El precio de referencia será el siguiente:
Garrafa de 10 kg: $8.500
Garrafa de 12kg: $10.200
Garrafa de 15kg: $12.700 (incluyendo impuestos). (DIB)
Fueron otorgadas por incapacidad laboral. El gobierno dice que son truchas.
La cifra se compone de deudas directas ($ 3,04 billones), saldos de obras públicas comprometidas y paralizadas ($ 6,90 billones) y deuda estimada por discontinuidad o retrasos de programas nacionales ($ 2,16 billones).
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Fueron otorgadas por incapacidad laboral. El gobierno dice que son truchas.
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