Solo hay que vias para que se reviertan los efectos del fallo de la Corte: otra decisión del máximo tribunbal, un proyecto para ya tiene media sanción y una nueva ley. El peronismo, PU, CC y provinciales analizan alternativas. El gobierno analiza alternativas para sostener su posición.
La oposición comenzó a debatir hoy una reacción política al fallo de la Corte Suprema que, en la práctica, eliminó todos los límites a la venta de tierras a extranjeros y aunque aún no hay definiciones concretas, barajan la posibilidad de apurar una sesión especial en la cámara de Diputados para derogar el decreto 70/23, además de una marcha para protestar por la decisión.
El centro de la decisión de la Corte pasa por el restablecimiento de la vigencia del artículo 154 del DNU 70/23, que deroga la llamada Ley de Tierras que ponía límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. La Corte lo hizo al rechazar que el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata haya estado legitimado para cuestionar la vigencia de aquel artículo, lo que hizo caer la medida que habían impulsado en su contra.
El fallo llega dos meses después de que fracasara el intento del gobierno de avanzar con una liberación similar de la venta de tierras a través de un capítulo específico de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que fracasó porque no consiguió el apoyo suficiente en medio de una movilización social fuerte en torno al tema, que se potenció luego del episodio con la bandera sobre Malvinas en el partido de la selección.
En ese marco, el foro de la reacción es el Congreso, porque existen solo tres alternativas viables para revertir los efectos de la decisión de la Corte: que Diputados haga ley el proyecto que deroga en su totalidad el DNU 70/23, que ya tiene sanción del Senado; que se apruebe una nueva ley que derogue el artículo 154 o que la propia Corte falle a favor de los planteos de inconstitucionalidad del decreto.
La primera de esas opciones, avanzar con el proyecto que hay aprobó Senadores, comenzó a ser negociada por referentes de bloques críticos del gobierno, de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda y algunos provinciales. La intención es convocar a una sesión extraordinaria para tratar la cuestión, para lo que se necesitan diez votos.
Las conversaciones tienen un punto de debate en la fecha para trata esa iniciativa: algunos diputados buscan que sea el miércoles próximo, pero otros advierten que por esa fecha algunos legisladores que harán de veedores el domingo en la primera vuelta de la elección en Brasil podrían no estar presentes. La clave en ese marco es alcanzar el quórum de 129 votos.
Pero la incertidumbre va más allá. Es que incluso los propios impulsores de esta maniobra no tienen certeza sobre cómo pueden actuar algunos diputados de los bloques del centro que adhieren a aspectos generales del decreto, como los vinculados a las privatizaciones o a la ley de alquileres.
En paralelo, un grupo de senadores presentó un nuevo proyecto de ley para derogar el artículo 154 y de ese modo, restituir la plena vigencia del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, “con las modificaciones vigentes al momento de la entrada en vigor del DNU 70″.
Sin embargo, hay quienes ven con malos ojos el accionar de los peronistas en el Senado y se valen, en primer lugar, de una cuestión jurídica para sostener que no se puede derogar solo una parte de un DNU y, por otro, consideran que “le drenan el quórum” a los diputados.
En la Casa Rosada el fallo no dejó una sensación de tranquilidad, según explicaron a DIB fuentes del gobierno. “Puede implicar reabrir una discusión que fue complicada para nosotros”, indicaron. Pero a la vez, ya trabajan con sus representantes en el Comngreso en buscar alternativas que les permitan sostener el proyecto. En ese marco, analizan la posibilidad de reintroducir la discusión sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propierdad Privada y aceptar cambios en lo que se disponía en esa normativa sobre los limites a la venta de la propiedad privada, a cambio de preservar loa vigencia del DNU 70 no votando la ley de derogación.
Mientras, la UTEP lanzó una convocatoria para marchar contra la iniciativa el martes próximo, con el palacio de Tribunales como foco, al igual que la izquierda, que viene de realiza la “Marcha de la Bronca” para protestar contra las políticas del gobierno.
Fuente: Agencia DIB
