La medida busca visibilizar el reclamo para que el Gobierno cumpla con la ley. El Consejo Interuniversitario Nacional reúne a rectores de 60 universidades nacionales.
Tras el fallo del juez federal Martín Cormick, que declaró inconstitucional el decreto que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó su cumplimiento inmediato, los rectores de las universidades nacionales llevarán a Plaza de Mayo su reunión mensual del Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores.
El encuentro será este miércoles a las 14.30, frente a la Casa Rosada. La medida busca visibilizar el reclamo para que el Gobierno cumpla con la ley. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reúne a rectores de 60 universidades nacionales.
El juez Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró este martes 6 de octubre la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, con el que el Gobierno nacional promulgó la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), y ordenó aplicarla de inmediato.
La sentencia del mismo magistrado que había intimado al Ejecutivo a cumplir con el financiamiento, resuelve el amparo colectivo que presentaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un grupo de universidades y docentes, y la causa acumulada de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En su resolución el juez declaró inconstitucional el decreto 759/2025 “en lo relativo a la mención incluida ‘sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629′” y ordenó al Ejecutivo “el cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias”.
Consideró que, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial con mayorías agravadas, al presidente Javier Milei solo le quedaba promulgarla sin restricciones.
En la práctica, lo que hace el fallo es anular el recurso que había utilizado el Gobierno para condicionar la ejecución de la ley a la existencia de financiamiento y partidas presupuestarias, al atarla a la Ley de Administración Financiera.
Esta norma, en el artículo 5, dice que “toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
Ahora el fallo de Cormick – que es de primera instancia – desactiva este freno. En sus argumentos, el magistrado recordó que ya existía una cautelar que ordenaba cumplir los artículos sobre salarios y becas. También cita una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso que estimó que el costo de la ley para 2025 equivalía a sólo el 0,23% del PBI.
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