En paralelo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, consideró “un privilegio” en aumento que dispone la Ley de Financiamiento.
Alejandro Alvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias.
La Cámara federal ordenó revisar una cautelar contra el gobierno que obligaba a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en los artículos referidos al aumento de los salarios docentes, mientas que el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, calificó de “privilegio” la suba contenida en una norma.
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo resolvió, con la firma de los jueces Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán, tramitar el recurso del gobierno contra la decisión de Martín Cormick que había otorgado una cautelar para que el Ejecutivo aumente los sueldos de acuerdo a lo que indica la ley.
Se trata de los mismos jueces que habían otorgado una apelación a Diego Santilli que suspendió la multa de 100 mil pesos diarios por no aplicar la ley, en este caso no solo en lo referido a los salarios, sino también en lo referido a los fondos para el funcionamiento de las universidades en general.
En paralelo, Álvarez cargó contra la ley en una reunión en la cámara de Diputados a la que concurrió junto al secretario de Educación, Carlos Torrendel. Álvarez aseguró que lo que dispone respecto de los sueldos -un aumento que equipara el aumento con la inflación desde diciembre de 2023- es “un privilegio” respecto de los incrementos del resto de los empleados estatales.
El gobierno le aumentó el sueldo a los docentes y no docentes universitarios, pero no en la medida en que lo dispuso la Ley de Financiamiento, sino en un porcentaje sustancialmente menor al que dispone la norma, a la que sigue cuestionando en la Justicia. Los gremios indican que la diferencia es del orden del 30%. Pero el resto de los estatales no tiene una ley específica que reponga la perdida de poder asquisitivo de sus ingresos, y por eso Alvarez cuestionó esa diferencia.
En su intervención en el Congreso, donde se discutió las pautas del presupuesto nacional para el año que viene, Álvarez se jactó además de que el Gobierno está “a derecho” en este tema sobre la base del fallo de la Cámara, acusó a los universitarios que movilizaron el jueves pasado de llamar a “una insurrección popular” y cuestionó a los rectores por pedir mayor presupuesto.
“Para el Ejecutivo, la ley (de Financiamiento Universitario) incumple la ley de administración financiera, que establece que una ley que no asigna los fondos adecuados se suspende en el acto. Eso se hizo, fue recurrido por el CIN y actualmente se encuentra el debate de la cuestión de fondo y la cautelar está hoy en la cámara”, dijo Álvarez.
El financiamiento universitario es uno de los capítulos más delicados del Presupuesto. Cuando fue su turno de hablar, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, negó que fuera un presupuesto de ajuste y cuestionó a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclaman $11 mil billones para que las universidades puedan funcionar el año próximo.
El Presupuesto prevé solo $7,3 mil billones. “Una dirigencia aislada sólo acuerda para pedir más recursos, no se compromete con un cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes. Es un acuerdo corporativo, es un acuerdo de casta”, se quejó Torrendel. Álvarez, sin embargo, fue más allá. Se quejó de que el presupuesto reclamado por los rectores fuera solo para solventar “los aumentos salariales que piden los sindicatos”.
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